Ciudad de México, 01 de junio de 2020.- Las representaciones en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludan la aprobación, por parte del Congreso de Baja California, de dos decretos que contienen reformas trascendentales en materia de infancia y adolescencia en el Código Civil y en la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respectivamente. 

Con estas reformas, México establece en todo el pais la prohibición legal del matrimonio infantil al haber fijado las 32 entidades federativas los 18 años como edad mínima para casarse sin que se permitan excepciones.

Se cumple también así uno de los objetivos de la iniciativa que la ONU lanzó en 2015 en México en el marco de la campaña “De la A(Aguascalientes) a la Z(Zacatecas): México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”, lo que resulta un paso fundamental para la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el Sistema de Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas en particular, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas. Es por ello que la meta 5.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.”

El matrimonio infantil y uniones tempranas son tanto causas como consecuencias del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género y se vincula directamente con problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes. Esta práctica también se vincula con mayores costos en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos futuros de las mujeres.

Por lo anterior, además de impulsar la armonización legislativa, debemos llevar a cabo acciones enfocadas en fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las niñas y adolescentes; garantizar la protección social integral y el acceso a servicios apropiados y de calidad para niñas y adolescentes, incluyendo los de salud sexual y reproductiva; promover oportunidades de inclusión y desarrollo para ellas; garantizar su permanencia en el sistema educativo hasta al menos concluir la preparatoria; y promover cambios culturales  estereotipos de género que obstaculizan su pleno desarrollo y justamente fomentan la práctica del matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Lo anterior deberá incorporar de manera activa a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al gobierno a nivel federal y estatal, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. La generación y uso de datos cuantitativos y cualitativos desglosados por sexo, edad, etnia, raza, ubicación geográfica, situación socioeconómica, nivel educativo y otros factores clave serán necesarios para mostrar si los programas y políticas implementados están surtiendo el efecto deseado.

Solo así se podrá erradicar el matrimonio infantil y uniones tempranas de niñas en México, que hoy día acorde a la ENADID 2018 afecta a 4.45% de las adolescentes entre los 12 y los 17 años. Es importante destacar que, si bien en la última década ya se mostró un marcado descenso en el registro de niñas adolescentes casadas de 1.05% en 2009 a 0.24% en 2018, en el mismo período aumentó el porcentaje de niñas adolescentes en unión libre de 3.4% a 4.21% en 2018.

Las Agencias firmantes celebramos que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, el poder legislativo y el poder ejecutivo de Baja California, mantengan como prioridad a la niñez y adolescencia. Reiteramos nuestra entera disposición para continuar acompañando las acciones del Estado mexicano para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que el gran avance legislativo conseguido se vea materializado con la asignación suficiente de recursos humanos, materiales y técnicos.