Ciudad de México, 19 de Junio de 2018. El envejecimiento poblacional en México es reflejo, en gran medida, del éxito de las políticas orientadas al desarrollo social y económico del país. Pese a los retos que persisten, las mejoras en el acceso a la salud, la educación y el bienestar económico han permitido un aumento en la longevidad de las personas, al tiempo que han posibilitado un descenso en las tasas de mortalidad y natalidad. Se estima que para el 2050 la esperanza de vida habrá aumentado de 78 a 81 años en el caso de las mujeres y de 73 a 77 años en el caso de los hombres. Asimismo, la tasa global de fecundidad ha descendido de 6.77 hijos por mujer, en 1960, a 2.21 actualmente. Esta combinación de factores tendrá como consecuencia que para el año 2050 la proporción de personas de 60 años o más alcanzará 21.5%; hoy ese porcentaje es 10.2%.

La velocidad del cambio demográfico ofrece grandes oportunidades para el desarrollo individual, social y económico del país, al tiempo que plantean serios desafíos. Las oportunidades que ofrece el envejecimiento poblacional se materializarán en la medida que se garantice una vida saludable, activa y segura para toda la población, lo cual requiere un rediseño de las instituciones jurídicas, sociales y económicas actuales. Es necesario un enfoque nuevo y diferente en la estrategia de desarrollo, de combate a la pobreza y de sustentabilidad, que reconozca la transición demográfica, considere la perspectiva de curso de vida y, en especial, el aumento de la población adulta mayor.

La meta que debemos imponernos como sociedad para alcanzar un desarrollo viable y justo es ofrecer a la población adulta mayor condiciones de bienestar, respeto a sus derechos e inclusión a su entorno físico, social y económico, así como autonomía e independencia. Consideramos este objetivo como condición necesaria para el desarrollo pleno de México. Lograrlo nos obliga a trabajar, desde hoy, en una tarea que compete por igual a las autoridades, la sociedad civil, la academia y el sector privado. Es por ello que hacemos este llamado.

Esta política, para ser eficaz, debe incluir un conjunto de programas y acciones en el ámbito legal, institucional, social, cultural y económico. Asimismo, su visión deberá ser intergeneracional, en cumplimiento irrestricto de los Derechos Humanos y de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, con perspectiva de género y reconocimiento de nuestra multiculturalidad. Destacan los siguientes ejes básicos:

Normatividad e instituciones. Fortalecer los marcos normativos internos y cumplir con los acuerdos internacionales, a fin de garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores y el respeto irrestricto de la dignidad humana. Ratificar de la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Marco macroeconómico. Adecuar las finanzas públicas para dar seguridad, hoy y en el futuro, a las asignaciones presupuestales que atienden a las personas mayores, particularmente salud y pensiones. Revisar el funcionamiento de las instituciones de seguridad social para
asegurar su viabilidad financiera a la vez que resuelvan los requerimientos integrales de las personas mayores.

Salud. Adecuar la organización, funcionamiento y financiamiento de los sistemas de salud públicos y privados. Instrumentar programas que reconozcan los nuevos perfiles epidemiológicos concernientes a la población adulta mayor y operen con un enfoque preventivo a la vez que geriátrico. Incluir con esta perspectiva los requerimientos de personas mayores, en particular, cuidados de largo plazo, servicios psicológicos y psiquiátricos. Promover desde edades más tempranas la adopción de estilos de vida que propicien un envejecimiento activo y saludable.

Seguridad económica. Fortalecer el sistema de pensiones para asegurar cobertura universal y pensiones adecuadas a la población en etapa de retiro. Fomentar la planeación financiera del retiro. Generar incentivos a la formalización del empleo y reconocer la dinámica de los
mercados laborales con trabajadores independientes, particularmente entre la población joven. Propiciar la movilidad social para que las poblaciones más jóvenes envejezcan de forma más segura.

Inclusión social. Promover la inclusión efectiva de las personas mayores mediante políticas de diseño de ciudades amigables, educación, cultura y deporte. Fomentar la participación de las personas mayores en la vida pública. Todo ello, considerando condiciones de migración, multiculturalidad y género para evitar todo tipo de discriminación.

Cultura de envejecimiento. Desarrollar programas de educación y comunicación en torno al concepto de Envejecimiento digno con calidad de vida, lo que implica preparase desde edades más tempranas en términos económicos, de salud y bienestar

#EnvejecimientoYDesarrollo