Ciudad de México, 06 de agosto de 2020.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llevó a cabo la presentación del Informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México” con base en una metodología denominada MILENA, para estimar el impacto social y económico del embarazo y la maternidad en países de América Latina y el Caribe, la cual considera dimensiones como la educación, la participación laboral, los ingresos, la salud y los ingresos fiscales no percibidos por impuestos. El informe presentado refleja los resultados de la aplicación de la metodología MILENA en México en 2018, apuntando que el embarazo y maternidad temprana aumenta las inequidades sociales en el país y limita las posibilidades de desarrollo y el bienestar personal de las y los jóvenes.
El Sr. Arie Hoekman, Representante del UNFPA en México, describió que el embarazo en adolescentes es un gran reto para México, pues cada día más de 1,000 niñas y adolescentes dan a luz, lo cual reduce las oportunidades educativas y de trabajo en sus vidas y las vuelve más propensas a permanecer en condiciones de pobreza y de exclusión. Por otro lado indicó que las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas y adolescentes.
El Gobierno de México ha reconocido el embarazo en adolescentes como un problema multifactorial y por consiguiente, ha impulsado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo (ENAPEA) en adolescentes. La Mtra. Gabriela Rodríguez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) destacó que la ENAPEA ha conseguido un gran impacto por lo que se implementará una nueva fase y se formularán ejes de acción más territorializados y ajustados al contexto nacional en el marco del COVID-19. Durante este tiempo de la pandemia, la capacitación del personal es esencial para fortalecer los esfuerzos interinstitucionales y que los servicios esenciales continúen de manera adecuada.
Igualmente, la Dra. Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), indicó que los embarazos en adolescentes y niñas son un problema de salud que perpetúa la desigualdad de oportunidades de educación y económicas para las niñas y jóvenes. Además, realizó un llamado para implementar estrategias conjuntas de prevención y mitigación de la violencia de género y sexual, principalmente durante la pandemia a fin de reducir y erradicar los embarazos tempranos.
El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes es crucial para prevenir los embarazos en este grupo de edad. Al respecto, la Act. Yolanda Varela, Directora de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, aseguró que “los servicios de salud a las niñas y adolescentes es una prioridad en la políticas públicas”. Además, en el marco de la pandemia, el sistema de salud impulsó una serie de estrategias y recomendaciones para asegurar la salud sexual y reproductiva hacia las y los jóvenes. Es primordial garantizar que los adolescentes tengan información suficiente y adecuada de las herramientas para acceder a un servicio de salud de calidad, incluso en situaciones de emergencia.
La Mtra. María Antonieta Alcalde, Directora de Ipas México, mencionó la perspectiva de la sociedad civil en el tema de los embarazos en adolescentes bajo los compromisos establecidos en el Consenso de Montevideo y los Acuerdos de Nairobi, enfatizando que la inversión en la educación integral en sexualidad y el acceso a servicios de salud amigables para adolescentes, son acciones estratégicas para mejorar y cerrar brechas desigualitarias en cuestiones educativas y económicas.
El panel además contó con la participación del Sr. Federico Tobar, Asesor en Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del UNFPA, quien concluyó que en México la brecha de desigualdad más significativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y quienes lo fueron en la edad adulta, es la brecha educativa. Por lo que invertir en la prevención de estos embarazos será de beneficio para las niñas, adolescentes y la comunidad.
Prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a otros, como el derecho a la salud, a la educación y a tener un trabajo digno y adecuado. Las personas adolescentes y jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad. En la medida que este segmento de la población obtenga mayores oportunidades para su inserción económica y social, se espera un mundo más próspero.
